Esta tarde se llevó adelante en el Recinto del Concejo Deliberante la 1ª Sesión Especial del período legislativo 2025. Durante su desarrollo, el Cuerpo resolvió por unanimidad rechazar la renuncia presentada por el concejal Pablo López. Al referirse a la decisión, la mayoría de los concejales que tomaron la palabra coincidieron en la importancia de la apertura de un proceso para recabar la información sobre las denuncias realizadas a López mediante la convocatoria a reunión de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.
La convocatoria a dicha Sesión fue dispuesta mediante Resolución de Presidencia N° 83/25, a pedido de los concejales, con el propósito de tratar asuntos vinculados a la conducta de un miembro del Concejo, en relación con hechos de público conocimiento. La misma se realizó en el marco de lo establecido por el artículo 23 de la Resolución N° 374/10 –Reglamento Interno– y sus modificatorias, y el artículo 19 de la Ley N° 6534 –Carta Municipal–.
En la oportunidad, ediles de distintas bancadas tomaron la palabra para fundamentar su rechazo a la renuncia presentada por el concejal Pablo López. Gonzalo Nieva (JxC) señaló: «Ante la gravedad de los hechos por todos conocidos y que han tomado estado público y también por la fundamentación de la nota de elevación de renuncia del concejal donde habla de una suerte de persecución política y hostigamiento, entiendo y considero necesario que, amén del pedido de renuncia del concejal, resulta necesaria la activación de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial«. Por su parte, Eliana Chuchuy (VPS) expresó: “No podemos, desde este Concejo Deliberante, permitir que estas situaciones, rechazadas por la sociedad, pasen como si nada”. Además, afirmó: “Corresponde a la Comisión de Juicio Político y Disciplina determinar los pasos a seguir”. Laura Jorge Saravia (LLA), en tanto, se refirió en su alocución al proceso, puntualizando: “La presente Sesión convocada no representa un juicio político ni puede considerarse una exclusión de acuerdo al artículo 19 de la Carta Municipal”. Y agregó: “El único mecanismo para remover a un edil es mediante el procedimiento denominado exclusión”. A su turno, y en concordancia con sus pares, el edil Gustavo Farquharson (VPS), enfatizó: “Como institución no podemos mirar para otro lado. Y debe haber una medida ejemplificadora que marque un precedente fundamental. El mensaje que nosotros llevemos a la sociedad es que no se puede tolerar ningún hecho de violencia en general, venga de quien provenga”. Por su parte, Agustina Álvarez Eichele (JxC) se refirió a la gravedad de la situación y a la necesidad de actuar con responsabilidad institucional. En su alocución señaló “nosotros acá estamos hablando de la inmoralidad y de ninguna manera podemos permitir que este recinto se siga manchando o se esté tapando por una manta de sospecha constante”.
Martín Del Frari (SF) se refirió a lo expresado en el texto de la presentación de la renuncia, sosteniendo que “desde el Concejo Deliberante no hubo nunca ni hostigamiento ni persecución política”. A lo que agregó: “Este organismo tiene la responsabilidad institucional de tratar la exclusión de esta persona por inhabilidad moral, acusado de ejercer diferentes tipos de violencia”. En tanto, Malvina Gareca (SPV) indicó: “Es necesario dejar un mensaje claro a la sociedad: No vamos a tolerar este tipo de violencia, ni a funcionarios que no estén a la altura de las circunstancias para poder ejercer su cargo. Por eso entiendo que no alcanza aceptar la renuncia”. Mientras que el edil Gonzalo Corral (YP) destacó la necesidad de “avanzar en un proceso para tomar conocimiento de lo que sucedió con el fin de que la decisión sea coherente, concreta, clara y se asiente sobre la idea de justicia sobre una persona que no puede seguir ocupando la banca”.
