Esta mañana se llevó adelante la Mesa de Diálogo Permanente de Discapacidad dependiente de la Comisión de Discapacidad del CD. El objetivo del espacio, en esta etapa, es abordar problemáticas vinculadas al acceso a la salud. Del encuentro participaron funcionarios municipales y provinciales de diversas áreas, junto a representantes de entidades prestadoras y organizaciones vinculadas a la temática. Los asistentes compartieron diagnósticos, experiencias de gestión y problemáticas operativas, lo que permitió plantear líneas de acción conjunta.
En este marco, y considerando lo expuesto, los ediles elaboraron un Proyecto de Resolución mediante el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional garantizar de manera urgente el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes en materia de discapacidad, asegurando el normal funcionamiento del sistema de prestaciones básicas.
La apertura estuvo a cargo de la presidenta de la Comisión de Discapacidad, concejala Malvina Gareca (PC), quien destacó la importancia de generar un espacio que reúna a los distintos actores involucrados, a fin de “coordinar, articular y, en caso de ser necesario, avanzar desde el Concejo Deliberante con herramientas normativas que permitan dar respuesta a las inquietudes de los vecinos en materia de salud”. En ese sentido, subrayó la necesidad de relevar en primera instancia el funcionamiento del sistema y las dificultades existentes, con el objetivo de construir respuestas integrales.
En representación de las instituciones prestadoras, Soledad Somorrostro, integrante de COPDISAL – Consejo de Organizaciones Prestadoras de Servicios a PcD de Salta, expuso la situación que atraviesan las organizaciones del sector. Señaló la existencia de un desfasaje sostenido en la actualización del nomenclador nacional y advirtió que la interrupción en la cadena de pagos —con demoras que superan los tres meses— está generando el cierre de instituciones, la reducción de prestaciones y la discontinuidad de terapias. Asimismo, indicó que este escenario impacta de manera directa en niños, niñas y familias, afectando el acceso a derechos básicos.
Por su parte, la directora general de Discapacidad de la Municipalidad, Tania Saravia, valoró la convocatoria y resaltó el trabajo articulado con las organizaciones para la detección de casos y el abordaje territorial. En su intervención, detalló acciones impulsadas por el Ejecutivo Municipal, entre ellas la conformación de la Junta Médica Evaluadora, la puesta en funcionamiento de un banco de elementos técnicos y la ampliación de servicios en áreas como fonoaudiología y psicopedagogía. Asimismo, planteó la necesidad de optimizar el acceso a turnos hospitalarios y fortalecer los mecanismos de articulación para la atención de situaciones de urgencia y vulnerabilidad.
En relación al programa Incluir Salud de Salta, su coordinador, Miguel Latigano, brindó precisiones sobre su funcionamiento, alcances y limitaciones. En primer término, aclaró que se trata de un programa de asistencia y no de una obra social, destinado a garantizar prestaciones médicas a personas que perciben pensiones no contributivas. Indicó que en la provincia de Salta el programa cuenta con aproximadamente 40.160 beneficiarios, de los cuales cerca del 88% corresponden a pensiones por invalidez, lo que representa alrededor del 3,2% de la población provincial.
En cuanto a la demanda efectiva, señaló que mensualmente alrededor de 3.300 beneficiarios requieren prestaciones activas, incluyendo estudios, medicación y tratamientos. De ese total, aproximadamente 232 personas acceden a tratamientos de alto costo —aquellos que superan los tres salarios mínimos—, principalmente vinculados a patologías oncológicas, neurológicas y a la provisión de insumos específicos como sillas de ruedas adaptadas.
Asimismo, detalló que unas 1.770 personas asisten a instituciones prestadoras en la provincia, las cuales suman alrededor de 53 entidades categorizadas que brindan servicios de rehabilitación, educación y, en muchos casos, transporte. En este punto, explicó que los pagos a las instituciones se realizan de manera directa desde Nación, y que las demoras registradas en la actualidad responden, en parte, al proceso de reestructuración institucional a nivel nacional, tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y su transformación en una Secretaría dependiente del Ministerio de Salud.
En otro tramo de su exposición, remarcó la necesidad de avanzar hacia un enfoque preventivo en materia de salud pública. Indicó que el tratamiento regular de patologías crónicas, como la hipertensión, representa un costo significativamente menor en comparación con las consecuencias de eventos agudos, como un accidente cerebrovascular, tanto en términos económicos como en el impacto sobre la calidad de vida. En ese marco, señaló que el grupo etario con mayor proporción de discapacidad se ubica entre los 30 y 59 años, particularmente en casos de invalidez, y que en adultos jóvenes y de mediana edad una parte importante de estas situaciones se vincula con los estilos de vida y, especialmente, con los accidentes de tránsito.
A continuación, Cecilia Betivoglio, integrante del área legal del programa Incluir Salud, expuso sobre la necesidad de fortalecer la articulación entre los organismos que integran la red pública, destacando que dicha coordinación debe sustentarse en información clara y precisa sobre el funcionamiento del sistema. En ese sentido, aclaró que el programa en Salta funciona como una unidad de gestión del Ministerio de Salud Pública provincial, en el marco de un convenio con Nación, y que las prestaciones se canalizan a través de la red pública de servicios.
Asimismo, sostuvo que Incluir Salud está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente beneficiarios de pensiones no contributivas, por lo que consideró necesario promover un uso responsable del sistema. Indicó que dichas pensiones no son incompatibles con la cobertura de una obra social del grupo familiar, la cual, en muchos casos, debería mantenerse activa. Finalmente, remarcó la importancia de avanzar en instancias de concientización y en la corresponsabilidad de los distintos actores, a fin de garantizar la sostenibilidad del programa y el acceso equitativo a las prestaciones.
Durante el cierre, la concejala Gareca sintetizó los principales ejes surgidos del encuentro, entre ellos la necesidad de realizar un relevamiento de instituciones prestadoras, fortalecer campañas de prevención —especialmente en materia de siniestralidad vial—, mejorar la difusión de información pública y profundizar la articulación entre municipio, provincia y organizaciones. Asimismo, adelantó la redacción de una Resolución vinculada a los expuesto.
En este contexto, se elaboró una iniciativa mediante la cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional garantizar de manera urgente el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de discapacidad, a fin de asegurar el normal funcionamiento del sistema de prestaciones básicas. Asimismo, el Proyecto requiere la adopción inmediata de medidas orientadas a actualizar los aranceles del sistema conforme a la realidad inflacionaria, regularizar el pago de las prestaciones adeudadas a profesionales e instituciones, y eliminar las trabas administrativas que dificultan el acceso a servicios esenciales.
Cabe señalar que la Mesa de Diálogo Permanente de Discapacidad fue establecida mediante la Resolución N.º 262/25 y funciona como un ámbito de trabajo articulado entre el Concejo Deliberante, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. En instancias anteriores, el espacio abordó temáticas como educación y empleo, consolidándose como una herramienta institucional para el tratamiento integral de la agenda del sector.
También estuvieron presentes los ediles Eliana Chuchuy y Gustavo Farquharson (ambos del bloque PS), José Luis Arias (YP) y David Leiva (MM). Asistieron además Carolina Ríos, integrante de la Junta Médica de la Municipalidad; la subsecretaria de Discapacidad, María Verónica Dilela; y Ricardo Rodríguez Boschero, miembro de la Comisión de Accesibilidad de COPAIPA.
