En el marco de una nueva reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres, Géneros y Diversidad, concejales otorgaron dictamen favorable a un Proyecto de Declaración que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la adopción de medidas orientadas a prevenir y combatir la discriminación y la violencia discursiva en entornos digitales. La iniciativa propone fortalecer mecanismos de asistencia a las personas damnificadas, impulsar campañas de concientización y promover acciones coordinadas con plataformas digitales para la moderación y remoción de contenidos discriminatorios.
Durante el encuentro, los ediles analizaron el Proyecto de Declaración de autoría de la concejala Alicia Vargas (PS) mediante el cual se requiere que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes en materia de lucha contra la discriminación, arbitre los medios necesarios para fortalecer e instrumentar canales accesibles de asistencia técnica y patrocinio jurídico destinados a acompañar a los damnificados en la promoción de acciones de cese y reparación previstas en la Ley Nacional N.º 23.592. Asimismo, se solicita el diseño e implementación de campañas de concientización y prevención de alcance nacional sobre la violencia discursiva digital, con énfasis en el impacto y la responsabilidad de los generadores de contenido con amplio alcance y difusión pública, además de promover la articulación con plataformas digitales de comunicación para agilizar los mecanismos de reporte, moderación y remoción de contenidos discriminatorios y violentos.
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que, si bien la libertad de expresión constituye un pilar fundamental del sistema democrático, encuentra su límite en la prohibición de la discriminación, conforme lo establece la Ley Nacional N.º 23.592. En este sentido, se advierte sobre los daños ocasionados por determinados discursos difundidos en entornos digitales y se plantea la necesidad de que el Estado Nacional brinde herramientas, acompañamiento y políticas públicas preventivas para evitar que estos espacios se transformen en ámbitos de vulneración de derechos. El texto agrega que estas prácticas contribuyen a profundizar situaciones de violencia y acoso, especialmente entre niños y adolescentes con discapacidad, quienes se encuentran más expuestos al bullying y a la exclusión social. Finalmente, se recuerda que este tipo de conductas vulneran la dignidad humana y se encuentran alcanzadas por diversas normativas nacionales e internacionales, entre ellas la Ley N.º 23.592, la Ley N.º 26.378, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establecen mecanismos de protección frente a actos discriminatorios y contenidos que afecten la dignidad de las personas.
De la reunión participaron los ediles Malvina Gareca (PC), Gustavo Farquharson (PS), Florencia León y Erica Castro (ambas de LLA).
