En la vigésima primera Sesión Ordinaria los ediles sancionaron una Declaración presentada por la concejala Laura Jorge Saravia (LLA), mediante la cual se solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta, o al organismo que corresponda, que arbitre los medios necesarios para facilitar la tramitación y el acceso al Certificado de Antecedentes Penales.
La concejala Saravia, al tomar la palabra, explicó que la iniciativa surgió a partir de pedidos de trabajadores, principalmente del ámbito educativo, que deben presentar periódicamente el certificado de antecedentes penales provinciales como requisito para acceder a horas cátedra, concursos y distintas oportunidades laborales. En este marco, se refirió el costo del trámite y señaló que el certificado tiene una vigencia de seis meses, por lo que quienes deben presentarlo de manera recurrente tienen que gestionarlo dos veces al año. Al respecto, detalló: “El valor que tiene actualmente, por ejemplo, si lo querés en 24 horas, es de $44.000. Hemos comparado esto con el certificado de antecedentes nacionales y el valor es de $1.000”. Por otra parte, la edila planteó la necesidad de descentralizar la realización del trámite, teniendo en cuenta que actualmente el certificado puede gestionarse únicamente en Capital, Metán, Tartagal y Orán. En este sentido, advirtió que, además del arancel, los trabajadores deben afrontar los costos de traslado y sostuvo: “No solo es el costo de este certificado, sino también el costo que implica trasladarse, porque lo debés hacer personalmente para poder gestionarlo”.
La iniciativa pide que se evalúe la reducción de sus costos a valores razonables y acordes a los aplicados en otras jurisdicciones del país, a fin de no generar una carga económica gravosa para los solicitantes.
Asimismo, se requiere implementar un sistema que permita la tramitación íntegra por medios digitales, garantizando la presentación de la solicitud, el pago de aranceles, la validación de identidad y la emisión del certificado en formato electrónico, de manera ágil y remota.
El articulado también solicita que, hasta tanto se concrete la digitalización completa del trámite, se amplíen y descentralicen los puntos de recepción y emisión del certificado en los veintitrés departamentos de la Provincia, habilitando para ello dependencias policiales, centros de atención ciudadana u otros organismos que determine la autoridad competente, garantizando una adecuada cobertura territorial y un acceso equitativo al servicio.
