Se realizó hoy una reunión ampliada entre las Comisiones de Obras Públicas y Urbanismo y de Legislación General. El encuentro tuvo como objetivo el análisis de dos expedientes remitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal, vinculados a la actualización del Código de Edificación y del Código de Planeamiento Urbano Ambiental. Durante la reunión, funcionarios municipales expusieron los principales lineamientos de ambos proyectos, abordando aspectos técnicos relacionados con la planificación territorial, los criterios de zonificación, los instrumentos de gestión del suelo, la agilización de los procesos administrativos de aprobación de planos y la responsabilidad profesional en la ejecución de obras. En la oportunidad, los concejales realizaron diversas consultas en relación a los Códigos, resolviendo continuar con su análisis en próximos encuentros.
Por otro lado, los miembros de la Comisión de Obras Públicas otorgaron visto bueno a dos Proyectos de Resolución que solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de obras de bacheo y pavimentación en distintas calles de la ciudad.
Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, el edil Arnaldo Ramos (VPS) , dio la bienvenida a los funcionarios municipales y destacó la labor desarrollada en la elaboración de ambos Códigos.
En primer lugar, la arquitecta Graciela Hermosilla, miembro del equipo de la Coordinación General de Planificación Territorial, presentó el Proyecto de actualización del Código de Planeamiento Urbano Ambiental, exponiendo los principales lineamientos del nuevo marco normativo, fundamentos técnicos y ejes estratégicos. En su exposición, señaló que “la visión central de la actualización normativa es reactivar el desarrollo de la ciudad y direccionar el crecimiento sustentable de la ciudad con vistas a concretar los lineamientos del PIDUA II, adecuando la normativa al contexto actual y a la demanda que hoy tenemos”.
Respecto de los fundamentos técnicos, Hermosilla expuso que la nueva normativa se basa en estudios realizados sobre uso del suelo, crecimiento urbano, infraestructura, equipamiento y estado ambiental. Explicó además que el proceso contó con amplia participación pública e institucional mediante talleres vecinales y aportes de 36 instituciones locales, entre ellas el Colegio de Arquitectos, el COPAIPA, universidades y empresas prestatarias.
En otro tramo, se refirió a la zonificación propuesta, indicando: “La nueva redacción incorpora regímenes específicos para áreas suburbanas y para el acceso norte, estableciendo nuevos usos y actividades como centros logísticos, conjuntos de usos mixtos y habitacionales que no sean estrictamente barrios cerrados”.
Al abordar los criterios de multifocalidad y descentralización, Hermosilla precisó que “la idea es avanzar hacia una ciudad de proximidad, donde las necesidades diarias puedan resolverse caminando, disminuyendo la cantidad de viajes en vehículo automotor”. En ese marco, destacó la importancia de “preservar las áreas naturales situadas hacia el este, de alto valor ecosistémico, paisajístico y turístico”. Como así también, impulsar la transformación del río Arenales “en parques lineales ribereños que funcionen como corredores biológicos y vinculen lo natural con lo construido”.
En cuanto a la estructura de zonificación, explicó que el nuevo esquema “simplifica la cantidad de distritos, que ahora se delimitan por barreras naturales y se definen según la capacidad de soporte del territorio para contener densificación o para contener transformaciones urbanas”. Indicó que se pasa “de una normativa restrictiva a una proactiva, que pone en ejercicio instrumentos de gestión del suelo para promover la articulación público-privada y la recuperación de plusvalías, permitiendo invertir en infraestructura en los sectores con mayor demanda de equipamiento y servicios”.
Hermosilla detalló los instrumentos de gestión del suelo que se incorporan o se fortalecen, como la transferencia de potencial constructivo, el suelo creado y los mecanismos de recuperación de plusvalía urbana, orientados a “promover la inversión en infraestructura, la preservación del patrimonio arquitectónico y natural, y la compensación de restricciones edilicias”.
Cerró su intervención destacando el carácter estratégico del proceso: “Estamos presentando una normativa general que sienta las bases para programas específicos a implementar en el tiempo, con una mirada integral, participativa y sustentable del desarrollo urbano de la ciudad de Salta”.
Por su parte, el subsecretario de Obras Privadas, Pablo Fernández, se refirió a los principales lineamientos de la actualización del Código de Edificación, subrayando que su contenido debe acompañar de manera integral al Código de Planeamiento Urbano Ambiental. Explicó que ambos instrumentos son complementarios, ya que el primero define los criterios técnicos y administrativos de ejecución de obras, mientras que el segundo establece las pautas generales de desarrollo urbano.
En ese sentido, el funcionario señaló que uno de los principales objetivos de la modificación es optimizar los tiempos de aprobación de planos, en un contexto económico donde las demoras impactan directamente en la continuidad de los proyectos. Asimismo, destacó la incorporación de una nueva figura, denominada “proyecto de arquitectura aprobado”, que posibilita a los interesados presentar los planos obteniendo la verificación y aprobación técnica necesaria para gestionar créditos hipotecarios o iniciar preventas.
En relación con la responsabilidad profesional, indicó que el nuevo código refuerza la obligación de los directores de obra de tramitar el final de obra una vez concluida la construcción, no sólo en edificios sino también en viviendas unifamiliares. “De este modo, la Municipalidad puede corroborar que las instalaciones y la estructura se ejecutaron conforme a los planos aprobados, cerrando correctamente el legajo técnico”, afirmó. Finalmente, el subsecretario destacó la incorporación de un procedimiento de inspección obligatoria antes del llenado de bases o excavaciones, tanto para obras con permiso provisorio como para las aprobadas en forma definitiva.
Tras las exposiciones, los concejales Arnaldo Ramos, Guillermo Kripper, Juan Pablo Linares, Alicia Vargas, Eliana Chuchuy (todos de VPS), José García, Gonzalo Corral (ambos de YP), Gonzalo Nieva, Agustina Álvarez Eichele (ambos de JxC), Ángel Ortiz (UCR) y Laura Jorge Saravia (LLA) realizaron distintas consultas que fueron respondidas por los funcionarios presentes. Entre los temas abordados se mencionaron las zonas destinadas a rubros vinculados a la nocturnidad y la localización de actividades específicas, las previsiones para el área San Luis, situación de irregularidad de inmuebles y la integración sociourbana, la instalación de una playa de transferencia de cargas, la gestión de residuos urbanos, aspectos de técnica legislativa, la planificación de infraestructura de servicios públicos, aspectos técnicos de la cota 1225, los mecanismos de compensación de plusvalía y el procedimiento de aprobación de planos. Con posterioridad, resolvieron continuar con el análisis de los Códigos en próximos encuentros.
En otro momento de la reunión, los concejales dieron visto bueno a un Proyecto de Resolución elaborado por su par, José Albornoz (VPS). El texto requiere al DEM que incorpore al Plan de Obras del Presupuesto General año 2.026, obras de bacheo o cambio de placas de hormigón, según corresponda, en calles de barrio Santa Ana l y Don Emilio.
Mismo pedido realizaron al Ejecutivo Municipal para que lleve a cabo obras de pavimentación y cordón cuneta en las calles de barrio Autódromo. Esto en virtud de un Proyecto de autoría de la legisladora Paula Medici (GSC).
De la reunión también participaron los ediles Gustavo Farquharson, José Albornoz (ambos de VPS), Malvina Gareca (SPV), José Luis Arias (YP), Paula Medici (GSC) y Elisea Sarapura (JxC). También estuvieron presentes la subsecretaria de Gestión Territorial, María Emilia Escalante; la directora de Gestión Estratégica, Camila Condori; la directora de Proyectos Especiales, Verónica Ramos; la directora general de Planificación Territorial, Gabriela Reyes; la directora general de Gestión Normativa, Daniela Domínguez; las asesoras técnicas Virginia Cayo y Catalina Gómez Osca; y el secretario Legal y Técnico, Miguel Núñez Najle.
