Sancionaron en la fecha una Ordenanza impulsada por la concejala Malvina Gareca (SPV) mediante la cual se crea el Régimen de Promoción de Empleo Formal “Más Inclusión, Menos Impuestos”. El Régimen tiene por finalidad promover la inclusión laboral y la generación de empleo de calidad y formal para personas con discapacidad, incentivando a los contribuyentes a realizar contrataciones laborales estables. La normativa establece un esquema de exenciones tributarias a personas humanas o jurídicas que empleen a personas con discapacidad en el ámbito de la ciudad de Salta.
La concejala Malvina Gareca expuso que la elaboración del Proyecto fue el resultado de un proceso de trabajo sostenido durante el año en la Comisión de Discapacidad. La edila detalló que el proceso incluyó reuniones con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y distintas áreas del Ejecutivo Municipal. Asimismo, destacó que la Ordenanza busca adoptar medidas concretas y no meramente declarativas. En ese marco, citó datos de la Fundación Por Igual Más: “Ocho de cada diez personas con discapacidad que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad ha manifestado que nunca ha tenido o no tiene empleo”, sostuvo. Gareca subrayó que la iniciativa “busca fomentar el trabajo de calidad, un trabajo en el ámbito formal”, promoviendo la contratación en el sector privado y garantizando “el acompañamiento necesario para que esas trayectorias laborales sean exitosas”.
La Ordenanza incorpora definiciones específicas, estableciendo que se considera persona con discapacidad, conforme a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Del mismo modo, se reconoce al Certificado Único de Discapacidad como el documento público que acredita dicha condición, el cual deberá presentarse vigente ante la autoridad competente para acceder al Régimen.
En materia de beneficios tributarios, se determina que los contribuyentes que contraten personas con discapacidad podrán imputar, como pago a cuenta, hasta el cincuenta por ciento de la remuneración nominal de dichas personas, declarada ante los organismos de Seguridad Social, aplicable únicamente sobre tributos municipales vinculados al local comercial, industrial o de servicios donde se desempeñe la actividad. Entre los tributos alcanzados se encuentran la Tasa por Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene; la Tasa sobre Publicidad y Propaganda; la Tasa General de Inmuebles; el Impuesto Inmobiliario; y el Impuesto a la Radicación de Automotores, este último exclusivamente para vehículos afectados directamente a la actividad laboral del trabajador contratado. La autoridad fiscal deberá resolver en cada caso la procedencia del beneficio y el monto autorizado, y se establece que la imputación no podrá exceder la obligación tributaria del período ni generar saldos a favor del contribuyente.
Para acceder al Régimen, se requiere gestionar la solicitud ante la Autoridad de Aplicación que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, contar con habilitación comercial vigente, presentar libre de deuda o hallarse en un plan de pagos regular, acreditar la contratación mediante constancia de alta en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, presentar el Certificado Único de Discapacidad vigente y suscribir un compromiso de mantenimiento de la relación laboral conforme a la Ley de Contrato de Trabajo. El incumplimiento injustificado de dicho compromiso dará lugar a la revocación inmediata del beneficio y a la obligación de abonar al Municipio los montos compensados con los intereses correspondientes.
El texto sancionado establece que el Departamento Ejecutivo Municipal designará la Autoridad de Aplicación encargada de la fiscalización, control y verificación de los requisitos, y faculta a dicho organismo a implementar canales de acompañamiento y apoyo profesional para las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo, con posibilidad de articular acciones con organismos provinciales, nacionales y entidades de la sociedad civil especializadas en inclusión laboral. Asimismo, se dispone que el Departamento Ejecutivo deberá dictar las normas reglamentarias necesarias para la implementación del Régimen y garantizar su difusión, desarrollando mecanismos de asesoramiento y acompañamiento a los empleadores adheridos.
En la oportunidad los concejales Gustavo Farquharson (VPS) y José García (YP) tomaron la palabra para manifestar su acompañamiento a la iniciativa.
