El Cuerpo legislativo aprobó una Declaración de autoría de la concejala Alicia Vargas (PS), mediante la cual se expresa que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional fortalezca las acciones de prevención, asistencia y acompañamiento frente a situaciones de discriminación y violencia discursiva en entornos digitales, promoviendo además mecanismos que permitan una respuesta más ágil ante contenidos discriminatorios y violentos difundidos a través de plataformas digitales.
Al momento de fundamentar la iniciativa, la concejala Alicia Vargas (PS) sostuvo que el Proyecto surge del “profundo desagrado y dolor por la utilización de la discapacidad como insulto”. Señaló además que este “tipo de expresiones constituyen una forma de violencia verbal y de discriminación estructural que denigra, desvaloriza y lleva a las personas a sufrir este destrato”. La edila remarcó la necesidad de que se apliquen las herramientas previstas en la legislación vigente para prevenir y sancionar estas conductas. En ese sentido, consignó que la iniciativa busca que, a través de los organismos nacionales competentes y de los representantes legislativos nacionales, se impulsen acciones concretas para erradicar el uso de términos despectivos vinculados a la discapacidad y promover una sociedad más respetuosa e inclusiva.
El texto solicita fortalecer e instrumentar canales accesibles de asistencia técnica y patrocinio jurídico orientados a acompañar a las personas damnificadas en la promoción de las acciones de cese y reparación previstas en el artículo 1° de la Ley N.° 23.592. Asimismo, propone diseñar e implementar campañas de concientización y prevención de alcance nacional sobre la violencia discursiva digital, con énfasis en el impacto y la responsabilidad de los generadores de contenido con amplio alcance y difusión pública.
A su vez, se requiere promover la articulación con las plataformas digitales de comunicación a fin de agilizar los mecanismos de reporte, moderación y remoción de contenidos de carácter discriminatorio y violento.
En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que, si bien la libertad de expresión constituye un pilar fundamental del sistema democrático, encuentra su límite en la prohibición de la discriminación, conforme lo establece la Ley Nacional N.º 23.592. En este sentido, se advierte sobre los daños ocasionados por determinados discursos difundidos en entornos digitales y se plantea la necesidad de que el Estado Nacional brinde herramientas, acompañamiento y políticas públicas preventivas para evitar que estos espacios se transformen en ámbitos de vulneración de derechos. El texto agrega que estas prácticas contribuyen a profundizar situaciones de violencia y acoso, especialmente entre niños y adolescentes con discapacidad, quienes se encuentran más expuestos al bullying y a la exclusión social. Finalmente, se recuerda que este tipo de conductas vulneran la dignidad humana y se encuentran alcanzadas por diversas normativas nacionales e internacionales, entre ellas la Ley N.º 23.592, la Ley N.º 26.378, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establecen mecanismos de protección frente a actos discriminatorios y contenidos que afecten la dignidad de las personas.
Asimismo, el concejal Gustavo Farquharson (PS) manifestó su respaldo al Proyecto y fundamentó su postura durante el debate.
